Panorama Lechero
El conflicto laboral en Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) suma un nuevo capítulo. La empresa -que cuenta con más de 500 empleados entre sus plantas de Arenaza, en la provincia de Buenos Aires, y Monte Cristo, en Córdoba- insiste con un esquema de suspensiones y recorte salarial que genera rechazo entre los trabajadores y el sindicato.
La nueva propuesta contempla suspender al personal durante 15 días al mes con el pago de una suma fija de $100.000, y abonar solo el 50% del salario básico durante los otros 15 días en los que sí se prestan tareas. Un modelo similar ya había sido planteado meses atrás, en un contexto de fuerte retracción del consumo, pero ahora la compañía insiste con ese formato en medio de un escenario cada vez más inestable.
El conflicto se agrava porque muchos empleados que habían aceptado la propuesta anterior nunca fueron reincorporados. Otros, directamente rechazaron el acuerdo y hoy no están trabajando ni perciben ingresos. Ante la falta de respuestas y con pocos recursos disponibles, parte del personal comenzó a aceptar nuevamente el esquema como única salida posible.
En tanto, el gremio Atilra, que representa a los operarios del sector, no avala el mecanismo. Lo considera unilateral, insuficiente y lesivo para los derechos laborales. Sin embargo, al no haberse formalizado un acuerdo colectivo, las suspensiones avanzan de hecho y quedan a merced de cada negociación individual. En paralelo, se mantiene el reclamo sindical por sueldos adeudados y por una regularización del vínculo laboral.
Vicentin en la mira
ARSA fue durante muchos años denominada como “la joya de Vicentin”, en rigor la firma láctea era la división de postres y yogures de SanCor que se la vendió a los Vicentin en 2016 por alrededor de u$s100 millones. Con la caída de la empresa agroexportadora y su millonario concurso de acreedores, el futuro de la empresa lácteo comenzó a mostrarse por lo menos difuso.
En una primera instancia el fondo de inversión BASF se hizo cargo de la operatoria, pero luego terminó en manos de otro fondo uruguayo que finalmente le cedió el control a la venezolana Maralac. El meollo de la cuestión es que este grupo inversor no pudo hacerse del 100% de las acciones de la firma porque una pequeña parte pertenece a la familia Vicentin y están dentro de la contienda judicial por el concurso de acreedores de la agroexportadora.
Más acá en el tiempo, los nuevos gerenciadores de ARSA tomaron la decisión de concursarla, alegando la caída en el consumo en el mercado interno.
Mientras tanto, las dos plantas productivas operan a un ritmo mínimo. La empresa sostiene que sus instalaciones están sobredimensionadas frente a la caída del consumo y alega que las suspensiones son la única alternativa para evitar despidos. Pero en los hechos, la paralización parcial del trabajo se volvió crónica y sin una hoja de ruta clara. (Panorama Lechero)
